Para nadie es un secreto que la pandemia de la Covid-19 puso un alto en la vida cotidiana de todas las personas.
El toque de queda y el encierro los fines de semana nos dieron la oportunidad de compartir en familia y de disfrutar del calor del hogar.
Utópico, ¿no?
Pues ese escenario no fue la realidad de más de ciento cuatro mil niñas y adolescentes entre 10 y 19 años embarazadas en el año 2020 (OSAR, 2020). Los datos indican que, de cada 10 agresores, siete son familiares o personas cercanas a las víctimas sobrevivientes de violencia sexual (Fundación Sobrevivientes, 2011).
En lugar de ser un espacio seguro, los hogares se convirtieron en el escenario principal de casos de violencia sexual.
Volviendo a las estadísticas, si comparamos el índice de embarazos en adolescentes con los años anteriores, vamos a encontrar una diferencia significativa, ¿por qué?
Las razones son múltiples.
Muchos puestos y centros de salud dejaron de atender debido a la pandemia. Las adolescentes embarazadas no acudieron a sus controles prenatales y, por lo tanto, su embarazo no fue registrado.
Además, se dieron casos como la suspensión del transporte público, el cierre de ciertas oficinas del RENAP y otras situaciones que impidieron que los embarazos en niñas y adolescentes fueran registrados.
La ruralidad, la pobreza y la falta de transporte fueron las causas principales de esa falsa reducción en las estadísticas de embarazos.
La pandemia de la Covid-19 inició en nuestro país en el 2020. La epidemia de los embarazos en adolescentes inició hace muchos años y parece un ciclo sin fin.
A pesar de que nuestro país cuenta con un amplio marco legal que “protege” a las niñas y adolescentes ante un embarazo adolescente, como el Plan Nacional de Prevención de Embarazos en Adolescentes (PLANEA) y el Convenio de Cooperación Interinstitucional “Prevenir con Educación”, las metas no han sido alcanzadas.
Desde el Observatorio en Salud Sexual y Reproductiva – OSAR – Juvenil Guatemala, organización a la que pertenezco, le damos seguimiento a la implementación de estas estrategias a través de acciones de gestión, diálogo político y rendición de cuentas con los entes responsables de la implementación de estas estrategias, así como con tomadores de decisión y actores clave.
Procurando que sean las personas jóvenes quienes lideren estos procesos, y, a su vez, sean las y los portavoces de las necesidades de sus pares.
Sin duda alguna, es indispensable garantizar la implementación de procesos de Educación Integral en Sexualidad y la existencia de servicios de atención diferenciada que les permita a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes tomar decisiones informadas y responsables respecto a su salud sexual y reproductiva basándose en información veraz, laica y científica.
